Los documentos desclasificados de la CIA en los que se señala que “Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”; los audios que acaban de salir a la luz en los que altos cargos del CESID y la Guardia Civil comentan con pelos y señales determinados crímenes de Estado; el reciente fallecimiento de Enrique Rodríguez Galindo, llevándose consigo el secreto de quién le ordenó cometer graves vulneraciones de derechos humanos; todos estos hechos reafirman las evidencias que apuntan a la posible implicación organizada de los aparatos del Estado en la creación, cobertura y financiación de los GAL.

Las instituciones españolas poco han hecho por aclarar la verdad, y en los casos en los que no han tenido más remedio que reconocer la impunidad, se han referido a sus perpetradores como “grupos incontrolados no adscritos”. Es más, consideramos que se ha intentado obstaculizar cualquier amago de investigación, principalmente con el objeto de impedir que se esclarezca la identidad de los autores intelectuales, incumpliendo flagrantemente los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España.

Las personas que firmamos este manifiesto pedimos a la justicia que abra un sumario en el que se investigue y clarifique de una vez por todas la Verdad con mayúscula sobre los GAL y, a su vez, instamos al gobierno español a que reconozca su responsabilidad y el dolor ocasionado, y realice gestos decididos de calidad humana para implementar medidas que terminen con la cultura de negación; en definitiva, pasos de liderazgo institucional que deberían ir también de la mano de una modificación de la Ley de Secretos Oficiales acorde a los estándares internacionales.

En países de nuestro entorno, la Ley de Secretos Oficiales no es obstáculo legal para que los jueces accedan a un dato reservado cuando este es imprescindible para decidir penalmente sobre la culpabilidad o inocencia de alguien.

La democracia real reside en esa separación de poderes y en el respeto a la ley. Por medio de los GAL, creemos que bajo el gobierno de Felipe González determinadas personas transgredieron ambos preceptos, convirtiéndose a la vez en policías, fiscales, jueces y verdugos, mientras que afirmamos que, como mínimo, no les tembló la mano a la hora de tolerar crímenes de Estado que conceptualmente no se diferencian del terrorismo perpetrado por grupos organizados.

Esas vulneraciones, junto a todas las demás de cualquier signo, condicionaron nuestra memoria democrática. Aún nos queda la difícil tarea de reescribirla; y eso pasa básicamente por salvaguardar los derechos de las personas, pero también por instar a que nos comprometamos en nuestras obligaciones, llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más graves y reconstruir el tejido social con medidas que animen a la reconciliación y favorezcan una convivencia sin olvido, ni exclusiones, ni recelos.

La verdadera Transición acabará cuando las instituciones españolas reconozcan a todas las víctimas de conculcaciones de derechos humanos sin excepción; y la verdad representa, sin lugar a dudas, el derecho más anhelado por todas ellas.